IBIZA, 23 (EUROPA PRESS)
El
Juzgado de lo Social número 1 de Eivissa ha declarado nulo el despido de una
empleada del Instituto de Biología Animal de Baleares (IBABSA), que llevaba más
de 26 años trabajando en la empresa pública dependiente de la Conselleria de Medio
Ambiente y Territorio, estimando así una demanda interpuesta por los servicios
jurídicos de la Federación
de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT).
Así,
la sentencia, emitida el pasado 11 de marzo, obliga al Govern a readmitir a la
afiliada de UGT en su puesto de técnico medio administrativo del área de
producción animal del IBABSA en Eivissa y a abonarle 96,32 euros diarios desde
la fecha en que fue despedida hasta su readmisión, lo que supone más de 27.000
euros.
Concretamente,
el Juzgado de los Social número 1 de Eivissa argumenta que declara nulo este
despido de una trabajadora indefinida no fija, porque formaba parte de un
proceso colectivo y no individual llevado a cabo por el IBABSA al que se
debería haber aplicado el artículo 51 y 52c del Estatuto de los Trabajadores.
Por
tanto, UGT ha manifestado en un comunicado que se tendría que haber realizado
un ERE negociado con la representación legal de los trabajadores y haber
indemnizado al personal despedido, tal y como, según ha recordado, defendió el
comité de empresa del IBABSA ante el Consejo de Administración de la empresa
pública.
En
este sentido, ha señalado que la
FSP-UGT defiende que las diferentes sentencias emitidas por
los Juzgados Sociales que anulan diversos despidos en las empresas públicas, así como la
reciente resolución de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) sobre un
despido en la Agencia
de Turismo de Baleares avalan su tesis de que el proceso de restructuración del
sector público realizado por el Govern es "ilegal".
En
este sentido, la organización sindical considera "errónea y sesgada"
la afirmación del Ejecutivo autonómico de que tan sólo 131 personas han
interpuesto demandas contra su despido, ya que, a su juicio, "ha
obviado" la demanda contencioso-administrativa de la FSP-UGT admitida a trámite
por el TSJB contra la totalidad del proceso de reestructuración del sector
público del archipiélago.
"El
Govern no puede minimizar el problema que ha creado, porque si el TSJB nos da
la razón, pueden ser declarados nulos los más de 600 despidos realizados en el
sector público por vulneración del derecho a la negociación colectiva, por la
ausencia de un plan de acción social de acompañamiento que reduzca el impacto
de las medidas y por la falta de transparencia y objetividad con la que se han
realizado estos despidos", ha subrayado la FSP-UGT .
Además,
espera que el TSJB comparta su planteamiento sobre el "fraude de ley"
con el que, en su opinión, se ha llevado a cabo la reestructuración del sector
público.
Finalmente,
ha instado al Govern a "no vulnerar" derechos fundamentales con la
"excusa del cumplimiento del déficit y a reconducir la situación hacia la
negociación con los sindicatos de todo aquello que tenga que ver con
los derechos de los trabajadores y la calidad de los servicios públicos.
